San José, Costa Rica 21-11- 2002

Resumen  : El apremio corporal o la cárcel para los progenitores que no paguen las pensiones alimentarias de su prole, continuará en este país, pese a la presión generada en las últimas semanas a raíz del suicido de un reconocido jugador de fútbol de primera división, aparentemente por el agobio que le generaba pagar por sus cuatro hijas e hijos. La legislación sobre pensiones alimentarias para ex esposa o compañera, hijas e hijos de este país centroamericano, es una de las más avanzadas del continente, de acuerdo con la abogada Eugenia Salazar del estatal Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la directora de la Defensoría de la Mujer, Ligia Martín. La ley establece que cuando el hombre –o la mujer—que paga pensión alimentaria no lo hace, puede ser privado de libertad y sólo puede quedar libre hasta que cancele lo que debe.

“Este es un mecanismo que ha contribuido al cumplimiento de las pensiones alimentarias y que está garantizado en el artículo 7, inciso 7, de la Convención Interamericana de Derechos de la Organización de Estados Americanos (OES),” explicó Salazar. La Ministra de la Condición de la Mujer Esmeralda Britton, dejó claro que la ley debe ser revisada y reforzada para agilizar los trámites, pero el apremio corporal no se eliminará. Un estudio reciente de más de 12,000 pensiones alimentarias de un juzgado de esta capital, que arrojó que el 80 por ciento de ellas rondaban entre los tres dólares y los 160 dólares por familia, donde puede haber dos o tres hijos e hijas. De acuerdo con datos del Poder Judicial de Costa Rica, en el año 2001 se presentaron un promedio de 1,688 demandas de pensión alimentaria al mes, lo que representa un 15.7 por ciento anual.