Derechos Humanos de los indígenas

Los pueblos indígenas, su cultura, tradiciones y costumbres ya existían mucho antes del México actual y a pesar del continuo despojo de sus derechos originales, han podido sobrevivir.

Conservar y reconocer nuestros orígenes es tarea obligada, y para ello es necesario valorar y respetar a los pueblos indígenas, porque son nuestras raíces culturales.

Anteriormente, para el Estado mexicano sólo existían mexicanos de una cultura. Ahora, a través de leyes y convenios internacionales se reconocen los derechos de los diferentes pueblos y culturas que habitan en el país.

México adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribunales en Países Independientes, de 1989, el cual establece lo siguiente:

El gobierno deberá asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas, mecanismos para proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto a su integridad.

El gobierno deberá asegurar que los pueblos indígenas tengan los mismos derechos y oportunidades que las leyes otorgan a los demás miembros de la población; que sea promovida la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, con respeto a su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones y, además, que se ayude a los miembros de los pueblos indígenas a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás integrantes de la comunidad nacional (artículo 2.2).

Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación alguna (artículo 3).

El gobierno deberá adoptar medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura y medio ambiente de los pueblos indígenas (artículo 4).

El Estado deberá reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos, así como considerar la índole de los problemas individuales y colectivos que se le plantean.

El gobierno deberá respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos.

El gobierno deberá adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos indígenas, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo (artículo 5).

El gobierno deberá consultar a los pueblos indígenas, a través de sus representantes, cada vez que se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente (artículo 6).

Los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir sus prioridades respecto al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera; así como a controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural (artículo 7).

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse debidamente en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Los pueblos indígenas deberán tener derecho a conservar sus costumbres e instituciones, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por las leyes del país, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos (artículo 8).

En la medida en que sean comparables con el sistema jurídico nacional, se respetarán los métodos que tradicionalmente utilizan los pueblos indígenas para castigar los delitos cometidos por sus miembros (artículo 9).

Cuando se castigue a un indígena por un delito, se tomarán en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberán preferirse otros castigos distintos al encarcelamiento (artículo 10).

Para garantizar a los indígenas el respeto a sus derechos, el Estado proporcionará un intérprete o traductor que los auxilie a comprender y hacerse comprender en procedimientos legales (artículo 12).

El gobierno deberá respetar la importancia especial que, para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas, tiene su relación con sus tierras (artículo 13)

El gobierno deberá reconocer a los pueblos indígenas su derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los indígenas ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

El gobierno deberá instituir procedimientos adecuados, en el marco del sistema jurídico nacional, para solucionar las reivindicaciones de tierras, formuladas por los pueblos indígenas (artículo 14).

Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de sus recursos naturales (artículo 15).

Los pueblos indígenas no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, salvo que sea realmente necesario; el traslado y reubicación se hará con el consentimiento de la población.

Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener derecho de regresar a sus tierras en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.

El gobierno debe darles la opción de reubicarse o de solicitar una indemnización en dinero o en especie (artículo 16).

El gobierno deberá respetar las modalidades de transmisión de derecho sobre la tierra entre los miembros de los pueblos indígenas, establecidas por dichos pueblos.

El gobierno deberá consultar a los pueblos indígenas cuando se considere la posibilidad de vender sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

El gobierno deberá impedir que personas extrañas puedan aprovecharse de las costumbres de los pueblos indios o de su desconocimiento de las leyes, para atribuirse la propiedad, posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos (artículo 17).

El gobierno deberá adoptar medidas para garantizar, a los miembros de los pueblos indígenas, las posibilidades de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en igualdad con el resto de la comunidad nacional (artículo 26).

Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos indígenas a leer y a escribir en su propia lengua indígena (artículo 28).

Este compromiso asumido por el Estado mexicano tuvo como resultado la modificación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 28 de enero de 1992, por el cual se reconoce a México como una nación pluricultural, es decir, que existen tantas culturas como pueblos indígenas y se establece:

1. La nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
2. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.
3. Garantizará, a sus integrantes, el efectivo acceso a la justicia que imparte el Estado.
4. En los juicios y procedimientos agrarios en que sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas, en los términos que establezca la ley.

Con esta base constitucional se han adecuado otras disposiciones legales en materias como la agraria, penal y de educación.

Materia agraria
El artículo 27 constitucional dispone que las tierras indígenas deberán protegerse en los términos de la propia ley reglamentaria que se expida (fracción VII).

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios(fracción XV).

La Ley Agraria regula, entre otras cosas, las formas de propiedad ejidal y comunal.

Los Tribunales Agrarios suplirán la deficiencia en los planteamientos de derecho que hagan los indígenas (artículo 164).

Los grupos indígenas tienen derecho a ser asesorados, asistidos y representados por la Procuraduría Agraria en sus reclamaciones y promociones ante diversas dependencias y autoridades federales, estatales y municipales.

Materia penal
El Código Penal Federal establece:

El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes, dentro de los límites señalados para cada delito, teniendo en cuenta: la edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres (artículo 52).

El Código Federal de Procedimientos Penales establece:

Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará, a petición de parte o de oficio, uno o más traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y las contestaciones que haya de transmitir. A solicitud de cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción (artículo 28).

Las sentencias contendrán: los nombres y apellidos de los acusados, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, y en su caso, el grupo étnico indígena al que pertenece, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión (artículo 95).

Las notificaciones se harán a más tardar al día siguiente en que se dicten las resoluciones que las motiven y se asistirá de traductor, si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente en idioma castellano (artículo 103).

En la averiguación previa en contra de las personas que no hablen o que no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su detención (artículo 124 bis).

Cuando el inculpado fuere aprehendido, detenido o se presente voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato de la siguiente forma:

Se le hará saber la imputación que existe en su contra y, en su caso, el nombre del denunciante, así como los siguientes derechos:

a) El de comunicarse inmediatamente con quien considere conveniente.
b) El de designar, sin demora, a persona de su confianza para que lo defienda o auxilie, quien tendrá derecho a conocer la naturaleza y causa de la acusación.
c) El de no declarar en su contra y de no declarar, si así lo desea.

Cuando el detenido fuere un indígena que no hable castellano, se le designará un traductor, quien le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior (artículo 128).

Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá observar las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener (artículo 146).

La declaración preparatoria comenzará por los generales del inculpado, en la que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales (artículo 154).

Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, se procurará allegarse dictámenes periciales, a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional (artículo 220 bis).

Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos prácticos las personas que formen parte de dicho grupo étnico indígena (artículo 223).

Cuando un testigo ignore el idioma castellano se le nombrará un traductor, conforme al artículo 28 (artículo 246).

A quien dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años (artículo 198).

Materia educativa
La Ley General de Educación establece que se promoverá, mediante la enseñanza de la lengua nacional –el español-, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas (artículo 7, fracción IV).

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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